Por: Dr. Adrián Román Hernández
El pasado 2 de diciembre se publicó en el diario oficial de la federación, una nueva reforma a la Constitución en materia de vivienda adecuada y pensión para discapacitados, reconociéndolos como derechos humanos lo cual es sumamente importante para efectos de su protección.
Por cuanto hace a la primera, se establece que toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda adecuada y que La Ley correspondiente establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Por cuanto hace a la segunda señala que la federación y las entidades federativas, garantizarán la entrega de una pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente menores de sesenta y cinco, así como se garantizará la rehabilitación y habilitación de las personas que viven con discapacidad permanente, dando prioridad a las personas menores de dieciocho años de edad, en términos que fije la ley. Por otro lado, no se dará una doble pensión por ese motivo a las personas mayores de esa edad con dicha situación, pues señala la Constitución que se les dará la pensión no contributiva de adultos mayores.
Lo importante, es que la propia Constitución obliga a destinar anualmente los recursos presupuestarios suficientes y oportunos para garantizar dichos derechos y que el monto de los recursos no podrá ser disminuido respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior. Lo que garantiza en esencia que el presupuesto no se disminuya cada año para dichos derechos.
Por cuanto hace a la vivienda antes señalada se da un cambio significativo, pues anteriormente se establecía una vivienda digna y decorosa pero no señalaba a quien le correspondía cumplir con dicha obligación, pues solamente los trabajadores (as) que aportaran a su cuenta de vivienda podrían acceder a un crédito INFONAVIT. Nuestro estado por ejemplo si creó un sistema diverso para regularizar ciertas viviendas, pero no para cumplir plenamente con dicho derecho.
Por la magnitud de la reforma y la política de vivienda que va a impulsar este gobierno, busca garantizar que todas las personas puedan disfrutar de una vivienda que cumpla con los siete elementos establecidos por ONU-Hábitat: seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural. La necesidad de esta reforma surge de la creciente preocupación por el rezago habitacional en México. Según datos de la ONU, al menos el 38.4% de la población mexicana habita en condiciones que no se consideran adecuadas. La implementación de esta reforma implica un impacto significativo en el presupuesto nacional. El programa «Vivienda para el Bienestar», que forma parte de esta reforma de acuerdo a versiones del gobierno federal, tiene como objetivo construir un millón de viviendas en todo el país. De estas, 500,000 serán construidas por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y otras 500,000 por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). Este esfuerzo requiere una inversión considerable, pero se espera que tenga un impacto positivo en la economía al generar empleos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Sin lugar a dudas la pensión no contributiva para personas con discapacidad es un avance significativo en la lucha por la igualdad y la justicia social, pues busca garantizar que las personas con discapacidad permanente menores de 65 años reciban una pensión que les permita vivir con dignidad y seguridad. Es una gran deuda social que esperemos dicha pensión cumpla con ello, además del programa respectivo de reahabilitación y habilitación que se plantea. Según datos de la Secretaría de Bienestar, más de 6 millones de personas en el país viven con alguna forma de discapacidad y muchas de ellas enfrentan dificultades económicas y sociales que limitan su calidad de vida.
Como todas las reformas implica un impacto significativo en el presupuesto nacional. Se estima que el costo de la pensión no contributiva para personas con discapacidad será de aproximadamente 39.1 mil millones de pesos anuales. Este gasto se financiará con recursos presupuestarios suficientes y oportunos, conforme al principio de progresividad, para garantizar que los derechos establecidos en la reforma se cumplan de manera efectiva.
Por tanto, la gran pregunta es ¿con que recursos se van a financiar?, pues se entiende que como se anunció no va a ver más impuestos que le permitan al gobierno federal, y en su caso a los de los estados mejorar los ingresos, por lo que la única opción es recortar los presupuestos previamente definidos, lo cual, sin lugar a dudas, afectará a otros rubros del gasto y que afectará entonces a los derechos humanos diversos garantizados, como la salud, educación, seguridad, etc. El hacer efectivos los derechos humanos es lo importante y no simplemente establecerlos en la Ley, es el gran reto.