FECHA: 20 de Enero del 2025
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a México por la desaparición forzada de Antonio González Méndez, un indígena simpatizante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La sentencia, se resolvió el 12 de diciembre de 2024 y determinó que el Estado Mexicano es responsable internacionalmente por la desaparición de dicha persona ocurrida en 1999, como parte de una política contrainsurgente del gobierno el federal de ese entonces conocida como el “Plan Campaña Chiapas”.
¿Qué sucedió?, Antonio González Méndez desapareció el 18 de enero de 1999 en el contexto de la violencia generada tras el alzamiento del EZLN en 1994, pues era integrante de las bases civiles del EZLN, fue visto por última vez en compañía de una persona vinculada al grupo paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia, que operaba con apoyo y tolerancia del Estado.
¿Cuáles fueron las razones de la condena?, dicha CIDH concluyó que el Estado Mexicano no cumplió con sus obligaciones de investigar de manera diligente y en un plazo razonable los hechos ocurridos. Así mismo determinó que las autoridades internas no llevaron a cabo una búsqueda adecuada del paradero de dicha persona, lo que produjo angustias y sufrimientos a sus familiares. ¿Le suena a usted que dicha sentencia es un reflejo de la realidad de no solamente la investigación y persecución de los delitos en México, sino de todo nuestro sistema legal?, usted tiene la mejor opinión.
¿La condena tiene implicaciones para usted?, la respuesta es sí, pues ordenó a México continuar las investigaciones en curso sobre la desaparición forzada y crear un registro de personas desaparecidas. Lo que resulta un precede importante, pues busca garantizar que casos similares no queden impunes y que se protejan los derechos de las víctimas y sus familiares, situación en la que se encuentran muchas familias en nuestro país. Por ello la sentencia de la CIDH representa un avance importante en la lucha contra la impunidad del Estado y la defensa de los derechos humanos en México. Por tanto, como dijimos obliga a todo el conjunto del Estado Mexicano como las Fiscalías, Secretar de Seguridad Públicas etc. a tomar medidas concretas para mejorar la investigación de desapariciones forzadas y a fortalecer el marco legal para proteger a las víctimas y sus familiares. Además, subraya algo que no nos gusta mucho, que es importante la cooperación internacional en la defensa de los derechos humanos y la necesidad de cumplir con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Mexicano, situación en la que con la mal llamada reforma al poder judicial se encuentra en un proceso de reinvención.
En resumen, la condena de la CIDH a México por es un paso de reflexión hacia la justicia y la protección de los derechos humanos en el país. Esperemos que esta sentencia impulse cambios significativos en el sistema jurídico mexicano y contribuya a la prevención de futuras violaciones a los derechos humanos.