Por: Dr. Adrián Román Hernández
Nuevamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene que resolver un tema crucial que podría tener profundas implicaciones para el sistema fiscal de México, particularmente para el entorno empresarial de las maquiladoras.
Estas industrias no solo generan empleo, sino que también contribuyen significativamente al Producto Interno Bruto (PIB) y a la balanza comercial del país. Se han ubicado especialmente en las regiones fronterizas con Estados Unidos, esto ha permitido mejorar la calidad de vida de muchas familias y ha contribuido al desarrollo económico de estas áreas.
La controversia gira en torno a la posible doble tributación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las maquiladoras, un tema que ha generado una contradicción de criterios entre diferentes tribunales y que la SCJN debe resolver como máximo tribunal en este país. Lo que pone otra vez un ejemplo muy claro de que dichos tribunales imparciales especializados resuelvan conforme a una interpretación constitucional y no política temas de relevancia nacional.
El conflicto se originó a partir del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), que permite a las maquiladoras importar temporalmente insumos al país con beneficios fiscales, siempre y cuando se utilicen para la manufactura de productos destinados a la exportación. Sin embargo, algunas empresas han sido acusadas de violar estas reglas vendiendo sus mercancías en México y buscando obtener la devolución indebida del IVA, bajo el pretexto de que se trata de importaciones temporales.
La figura clave de debate es el «retorno virtual de mercancías», esto permite a las maquiladoras vender en México productos que han sido importados temporalmente sin tener que regresarlos físicamente al país de origen. Esta figura fue introducida para facilitar la logística y reducir costos, pero ha sido objeto de controversia debido a su potencial para ser utilizada posiblemente como una herramienta de evasión fiscal según el el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La contradicción de criterios se presentó entre el Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte y un tribunal del Decimocuarto Circuito. Mientras que el primero determinó que el segundo pago de IVA es inconstitucional porque la enajenación se realizó fuera del territorio nacional, el segundo tribunal consideró que el SAT tiene derecho a cobrar el IVA debido a que la mercancía nunca salió físicamente del país.
Por la relevancia antes anunciada, la resolución de esta contradicción de criterios tiene implicaciones significativas para el erario público. Según estimaciones del SAT, el daño potencial al erario podría ascender a más de 250 mil millones de pesos si se permite la devolución del IVA a las maquiladoras. Este monto representa una pérdida considerable de recursos que podrían ser destinados a políticas públicas y programas sociales en beneficio de la población más vulnerable del país. Sin embargo, por el otro lado, puede afectar a dicho sector empresarial en el país, que además se encuentra sujeto a otras presiones como la amenaza real de nuevos aranceles por nuestro vecino del norte, que ya fueron analizadas en columna diversa.
El debate en la SCJN ha sido intenso, la ministra Batres por un lado ha solicitado un análisis más profundo del impacto económico y las repercusiones que tendría la resolución a nivel nacional e internacional. Por otro lado, algunos ministros, como Laynez, han argumentado que la decisión debe basarse en la constitución y la ley, y no en criterios económicos. La resolución de este caso no solo definirá el criterio obligatorio que tendrán los jueces del Poder Judicial de la Federación para resolver los juicios pendientes y futuros sobre este tema, sino que también sentará un precedente importante para la interpretación de las leyes fiscales en México lo que no es poca cosa, pues puede afectar el empleo de miles de personas en este país.
En conclusión, la SCJN enfrenta un desafío al tener que equilibrar la necesidad de proteger el erario público con la obligación de garantizar la certeza jurídica para las empresas. La decisión que tome no solo afectará a las maquiladoras, sino que también tendrá un impacto duradero en el sistema fiscal y económico del país. No es entonces un tema nuevo que nuestro máximo tribunal ha tenido que resolver en su historia, sin embargo, factores como la reforma judicial y la “nueva” relación comercial con nuestro vecino del norte lo agrava, el primero fue generado internamente, el segundo externo, ¿no cree que pudimos evitar el primero?. CARPE DIEM